Los alumnos no pueden ser productos de las plataformas que se les obliga a utilizar

Un informe de la UNESCO de 2023 señalaba que el 89% de los 163 productos de tecnología educativa recomendados durante la pandemia podían vigilar a los niños.

"39 de los 42 gobiernos que ofrecieron educación en línea durante la pandemia fomentaron usos que ponían en riesgo o infringían los derechos de los menores."

"Aunque los datos de los niños queden expuestos, solo el 16% de los países garantizan por ley la privacidad de los datos en el sector educativo."

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos - AEPD advertía el pasado mes de septiembre que los dispositivos utilizados en las aulas “pueden recopilar mucha información y tratarla con distintos propósitos más allá de la mera función educativa”.

En el mismo informe [referencia en los comentarios] explicaba que “los tratamientos de datos generados pueden afectar gravemente a los derechos y libertades del alumnado y a su desarrollo integral” y concluía:

“La Agencia desaconseja su uso en los centros educativos si el fin pedagógico pretendido puede conseguirse a través de otro recurso más idóneo.”

En el mundo físico nos parecería aberrante que un niño de 12 años firmara un contrato con una empresa, y sin embargo, es lo que a menudo sucede con plataformas digitales.

Debería preocuparnos aún más cuando esto ocurre porque el propio centro educativo les obliga a hacerlo. Especialmente si esto conduce a una explotación de sus datos por vías que ellos mismos no pueden sospechar.

Los alumnos no pueden ser productos de las plataformas que se les obliga a utilizar.

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